NOTA DE PRENSA
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN LA CIUDAD DE “EL ALTO”
La concesión del servicio de agua potable a “Aguas del Illimani”, en la ciudad
de El Alto, en Bolivia, terminó cuando los pobladores se alzaron contra las
condiciones del servicio, en una serie de protestas que resultaron decisivas
para la caída del Presidente Gonzalo Sánchez de Losada, en octubre del
2003. “Aguas del Illimani” pertenecía a la empresa francesa Lyonnaise des
Eaux, dueña de 55% de las acciones.
La Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto (FEJUVE) presentó
una demanda ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, denunciando esa
situación.
Consecuencia de la privatización
Todavía está en la memoria de los pobladores de El Alto el día en que
quemaron las oficinas de “Aguas del Illimani”, en febrero del 2003.
Seis años antes, en julio de 1997, el gobierno boliviano otorgó una concesión
a la empresa, para expandir el servicio de agua potable y alcantarillado en
esa población. La concesión sería revocada en enero del 2005, después de
nuevas jornadas de protesta contra la empresa.
El proceso de concesión a “Aguas del Illimani” no fue transparente y vulneró
las normas jurídicas de Bolivia, afirma FEJUVE. Durante el proceso de
concesión, la empresa anunció una inversión de 80 millones de dólares en
los cinco años siguientes, y de 350 millones en los 30 años de concesión.
FEJUVE afirma que ninguna de la promesas hechas por la empresa se
cumplieron.
De las casi 72 mil conexiones estipuladas en el contrato, se hicieron poco
más de 51 mil. Las inversiones, en el primer quinquenio, según datos de la
empresa, fueron de 52 millones de dólares, casi 30 millones menos que los
prometidos, señaló FEJUVE. Esa inversión, además, estaba constituida, en su
mayor parte, por créditos blandos obtenidos por la compañía tanto del Banco
Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgaron
15 millones cada uno.
FEJUVE denunció también que las tarifas de consumo subieron un 12% y las
tasas de conexión de los servicios de agua y alcantarillado pasaron de 335 a
445 dólares.
Al vencerse el primer quinquenio de la concesión, en diciembre del 2001, se
renegoció el contrato, estableciendo que la compañía debería instalar 15 mil
nuevas conexiones en las ciudades de La Paz y El Alto, en zonas donde,
hasta entonces, no operaba. Pero luego esas 15 mil conexiones se redujeron
a ocho mil y, en el 2004, se eliminó totalmente este requisito, dijo FEJUVE.
De ese modo, 208 mil habitantes de El Alto quedaron si la posibilidad de
contar con agua potable.
Rebelión
Luego de las protestas de enero del 2005 las municipalidades involucradas y
el gobierno pensaron en la posibilidad de volver al servicio público. Sin
embargo, acusa FEJUVE, esa posibilidad se frustró por la presión de la
cooperación internacional. La embajada de Alemania, afirman, condicionó la
continuidad de la cooperación a la existencia de una “solución amigable del
conflicto con Agua del Illimani que evite el pago de indemnizaciones y al
establecimiento de una empresa mixta”. Una posición similar adoptaron el
Banco Mundial y el BID, aseguran.
Revocada la concesión, el gran desafío de FEJUVE es ahora crear una “nueva
arquitectura institucional” para el servicio de agua potable y alcantarillado,
que represente los intereses de la población.
Esta nueva empresa deberá crearse como patrimonio público municipal y
funcionar con criterio de solidaridad, que asegure agua potable y
alcantarillado a todos los habitantes de El Alto y La Paz, proponen.