Finalizó histórico juicio por accidente radiactivo
Condenan sólo al operador


·1 Tras la sentencia, los afectados pueden demandar hasta por 65 millones de dólares a Celco.


Sin rencores, con un abrazo y un apretón de manos se despidieron Miguel Fuentes (izquierda), el más afectado por el accidente radiactivo, y Lautaro Domínguez, gerente de la empresa ITC, encargada de la seguridad nuclear de la planta de Celulosa Nueva Aldea.

Por Carolina Abello Ross.

Lautaro Domínguez Ferrer, gerente de la empresa ITC, no pudo contener las lágrimas cuando escuchó el veredicto que lo absolvió del delito de daño nuclear por negligencia.
Minutos antes, el supervisor Sergio Pérez Valdés había sido condenado por el mismo delito, pena que seguramente esperaba, pues al inicio del juicio oral reconoció su responsabilidad en el accidente radiactivo, por haber dejado que el ayudante Francisco Rojas Núñez operara el proyector gammamétrico desde donde cayó el isótopo de iridio 192 que causó el accidente radiactivo del 14 de diciembre de 2005, en la planta de Celulosa Nueva Aldea. Cinco obreros resultaron con quemaduras graves, lesiones físicas y secuelas sicológicas.
Los jueces Claudia Montero Céspedes, Oscar Ruiz Paredes y Jorge Quintana Miranda resolvieron que condenaban a Pérez por no haber supervisado a Rojas Núñez, quien ensambló mal el equipo, lo que provocó la caída de la cápsula. Nadie se percató de la radiación, porque Sergio Pérez tenía apagado el detector de zona. Los magistrados absolvieron a Domínguez, “pues la prueba rendida por la fiscalía resultó insuficiente para acreditar la participación de éste en el hecho”.
La fiscal Ana María Aldana señaló que aunque la aspiración de la fiscalía era lograr ambas condenas, “por primera vez en la historia del país acreditamos una infracción a la ley de seguridad nuclear.
Esto abre la posibilidad a los querellantes para pedir indemnizaciones a los tribunales civiles, consagradas en la misma ley, que pueden llegar a un máximo de 65 millones de dólares”.
Precisamente, el abogado de Miguel Angel Fuentes Oyarce, Carlos Astorga Bernales, comentó que se hizo justicia y que ahora su objetivo es iniciar acciones civiles para poder mitigar en parte el daño provocado a su cliente, el más afectado por la radiación (ver recuadro).
La sentencia contra Pérez se leerá el jueves 29 de marzo a las 12.30 horas. La fiscalía pidió tres años, que probablemente cumplirá en libertad.

Los más lesionados

Miguel Fuentes fue el obrero que encontró la cápsula de iridio al día siguiente. La guardó en el bolsillo izquierdo trasero de su pantalón. Tan graves fueron los efectos de la radiación que tuvo que tratarse en Francia. Hoy tiene prohibido tener hijos (como los 260 trabajadores que estuvieron ese día en la planta) y volverá la próxima semana a Santiago a la Mutual de Seguridad, por intensos dolores de cabeza, incluso con fiebre, además de daño a la vista. “Ahora sólo quiero que me respondan a mí y a todos mis compañeros por esto”.
Francisco Rojas espera que también se le indemnice (resultó con una quemadura en un pie). “Me duele harto, no puedo ponerme al sol y no puedo trabajar, porque nadie quiere contratarme así”.

Larga investigación

La noche del 14 de diciembre de 2005 comenzó la pesadilla en la planta de Celulosa Nueva Aldea. Al día siguiente, sólo cuando se percataron de que lo que había encontrado Fuentes era la cápsula de Iridio 192, se dio la alerta. Era pasado el mediodía.
Al lugar llegó de inmediato la liscal Aldana, quien inició la investigación por daño nuclear por negligencia. Incluso, en marzo de 2006 realizó una reconstitución de escena en la planta.
En julio de 2006, la autoridad sanitaria multó con $49 millones a la empresa ITC ($31 millones), a Echeverría Izquierdo ($9 millones) y a Celco con la misma cifra, por hacer caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.