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jueves, mayo 31, 2007


30 de mayo de 2007


Derrame en San Vicente
  • El Consejo de Defensa del Estado deberá trabajar con celeridad, independencia e imparcialidad, en caso de tener que demandar a Enap por el pago de indemnizaciones.

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El derrame de 350 metros cúbicos de petróleo en la bahía de San Vicente el fin de semana, equivalente a la cantidad de crudo que transportaría una caravana de 20 camiones, es -desde 1975- uno de los tres principales accidentes que han afectado esta importante área, clave en el desarrollo de la Octava Región. En 1975 fue el barco Cabo Tamar el que vertió 200 toneladas de carburante cerca de Lenga y en 1993 el gran incendio del puerto produjo otro de los grandes daños ambientales.
Esta nueva tragedia ecológica vuelve a recordarnos la necesidad del ordenamiento de la bahía en la que se viene trabajando desde hace 14 años y respecto de la cual ya existe un acuerdo casi total entre las partes involucradas. Hay que confiar en que el nuevo gobernador de Concepción continúe el esfuerzo de Rodrigo Díaz Worner, y que en el más breve plazo San Vicente pueda contar con un sector portuario más seguro. El ordenamiento debería minimizar los peligros que se desprenden de la intensa actividad que se desarrolla en la pequeña bahía.
En el corto plazo, la mayor demanda es para quien aparece hoy como el responsable del derrame de crudo, es decir, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Aunque la información es que se ha recogido el 90 por ciento del crudo derramado, restando sólo la décima parte del total que se escapó al mar, la compañía estatal debe disponer de todos los recursos indispensables para la limpieza del entorno de la bahía de San Vicente. No se puede esperar al término del estudio que determine si hubo o no daño ambiental para tomar las medidas de mitigación del negativo impacto que sin duda causa el vertimiento.
Otra de las discusiones que ya surgió es sobre la responsabilidad de Enap en lo ocurrido y la eventual posibilidad de ser objeto de un juicio indemnizatorio, como lo es actualmente Celco, en Valdivia, en relación con la celulosa instalada junto al río Cruces. A diferencia de lo que pasó en la hoy Región del los Ríos, allí la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue contra una empresa privada.
El punto 5 sobre las Funciones de la Unidad de Medio Ambiente del CDE establece: “Proponer a la Sección correspondiente, previo visto bueno del Abogado Jefe del Departamento de Defensa Estatal, el ejercicio y sostenimiento de las acciones de daño ambiental, tanto reparatorias como indemnizatorias que corresponda iniciar en casos específicos, sugiriendo las estrategias de defensa de cada asunto”.
La diferencia con la acción civil en Valdivia es que en el caso de San Vicente, el Consejo, a cargo de resguardar los intereses del Estado, tendría que actuar contra una empresa estatal. Es por eso que los ojos estarán desde hoy sobre la Procuraduría Fiscal del CDE en Concepción, hasta donde la intendenta María Soledad Tohá enviará los antecedentes sobre el derrame en la bahía. El Consejo, además de trabajar con celeridad en una situación de la complejidad que hoy tiene cualquier atentado contra el medio ambiente, deberá dar muestras de la independencia e imparcialidad con que puede actuar, aun cuando se trate de perseguir el pago de indemnizaciones que podrían terminar saliendo de las mismas arcas cuyos recursos resguarda.